La Ley Antifraude es una normativa que busca evitar y, en su caso, sancionar conductas fraudulentas. La ley Antifraude afecta tanto a empresas y autónomos como a los desarrolladores de software de contabilidad, facturación y gestión. En este último caso, las soluciones informáticas deberán adaptarse a un conjunto de medidas antifraude.
¿Por qué una ley antifraude?
La Hacienda española estima que el uso de software de doble uso esconde sobre los 200.000 millones de euros a los ojos de la Agencia Tributaria cada año.
Las acciones que intenta eliminar esta ley con medidas son, entre otras:
- Ocultar ingresos
- Falsificación o modificación de registros contables
- Evadir impuestos
¿Qué es la Ley Antifraude?
Con el fin de controlar este fraude fiscal se publicó en julio de 2011 la Ley Antifraude (ley 11/2021) que dicta, en los que se refiere a sistemas informáticos, un conjunto de medidas que debían cumplir los programas informáticos de contabilidad y facturación utilizados por empresas o trabajadores autónomos que realicen actividades económicas de prestación de servicios y/o entrega de bienes, a partir de octubre de 2021.
Objetivo: mejorar el control tributario a partir de un mayor control de la información, asegurando la inalterabilidad de los datos y una trazabilidad de éstos precisa. Con ello se pretende evitar que la contabilidad de una empresa pueda ser manipulada o falseada.
¿A quién afecta?
A todas las empresas o autónomos que emitan facturas excepto las entidades registradas en Canarias o territorio foral o bien, estén en el sistema SII.
Características que debe cumplir el software de gestión
Los requisitos a cumplir por los programas de gestión y facturación son:
- Integridad de los datos: La aplicación informática debe registrar de forma detallada todos los documentos comerciales que se generen.
- Conservación de datos: Los datos correspondientes a los últimos cuatro ejercicios contables deben estar accesibles (conforme a la actual Ley General Tributaria).•
- Accesibilidad: Todos los usuarios de la aplicación informática ingresarán con un identificador y una contraseña cifrada, asegurando que cada uno acceda a los datos autorizados a su perfil respetando las normas de la Ley de Protección de Datos.
- Legibilidad: La información se presentará en un formato interpretable por personas ajenas a la solución o empresa.
- Inalterabilidad. No permitir modificaciones sobre los datos.
- Trazabilidad: Anotar, en fecha y hora, cualquier alteración, omisión o eliminación en los objetos de facturación y contabilidad. Debe ser posible realizar un rastreo completo durante todas las etapas de cualquier documento.
Obviamente, todas estas características eliminarán una práctica común, sobre todo en la gestión de facturas de los autónomos: generar y enviar las facturas en formatos modificables como Excel o Word.
Por otra parte, los sistemas informáticos deberán ser capaces de transmitir o permitir el acceso a los datos de una empresa a la Agencia Tributaria. Ello conlleva que únicamente se podrán utilizar sistemas de gestión empresarial homologados por Hacienda en las empresas.
Sanciones establecidas
Una empresa puede ser multada si tiene un programa que no esté certificado, o bien, altera o modifica un sistema que sí haya sido certificado debidamente.
A su vez, los desarrolladores de software y distribuidores deben cumplir las siguientes condiciones, o también pueden ser sancionados:
- La aplicación permite llevar doble contabilidad
- El sistema de gestión no refleje total o parcialmente las operaciones realizadas.
- El sistema informático permite modificar operaciones ya registradas
Las multas oscilarán entre 50.000€ y 150.000€. Tanto para empresas como para fabricantes de software no homologado por la Administración.
¿Cómo adaptar nuestra empresa a este cambio?
Será necesario adaptar paulatinamente los procesos internos de la empresa a los requisitos de la nueva legislación. El cambio más evidente será la actualización del software de gestión y facturación de la empresa.: se deberá implantar un paquete de software que cumpla escrupulosamente con la Ley Antifraude para evitar sanciones.
Además, con total seguridad, será necesario proporcionar formación al personal en el uso de las nuevas características de la aplicación y requisitos de la Ley Antifraude.
La adopción de todas las medidas que requiere la Ley Antifraude repercutirá en que los procesos internos de la empresa sean más seguros e íntegros, sin olvidar que dará a nuestros clientes y proveedores más seguridad y confianza en nuestra empresa y los bienes y servicios que comercialicemos.
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